En el norte de Haití, una mujer agrónoma y defensora comunitaria enfrenta la criminalización por cuidar la tierra.
Cuando el sol caribeño empieza a calentar Terrier-Rouge, en el noreste de Haití, Joceline ya está en el campo. Su andar es firme, aunque el miedo la acompaña desde hace meses. Mira las plantas medicinales y dice que cada una tiene su historia. Que la tierra, como la gente, guarda memoria. Hace apenas unas semanas, esa tierra que siempre le dio fuerza se convirtió también en motivo de persecución.
El 30 de septiembre fue arrestada sin explicación clara. Pasó diez días encerrada, acusada de un delito que nunca cometió. “Me dijeron que era por orden superior”, cuenta. “Pero yo sé por qué fue: por defender lo que es nuestro”.
Joceline es agrónoma e integrante de la organización Ti Plante y de la comunidad UNIR-Haití.
Desde esta red, que promueve la defensa del territorio y la soberanía alimentaria, se articulan vínculos con organizaciones sociales de todo el Abya Yala.
En diciembre pasado, su esposo fue víctima de un intento de asesinato. Ella logró evitarlo, pero desde entonces vive bajo amenaza constante. El mismo agresor, Sejour Rolinx, conocido como dòk, la ha perseguido, hostigado y logró que las autoridades la encarcelaran.
“Yo no tengo poder, ni armas. Solo trabajo con la tierra. Pero parece que eso también asusta”, dice Joceline, mirando el suelo húmedo después de la lluvia.
Tierras en disputa
El 1 de octubre de 2025, un día después de la detención de Joceline, la Coordinación de Resistencia contra el Dappiyanp en Tierras Campesinas del Norte y el Noreste (KRDTPN-NE), una coalición de organizaciones campesinas, envió una petición formal al Director Departamental del Noreste de la Unidad Anticorrupción (ULCC). En la carta, denunciaron una red de enriquecimiento ilícito, apropiación indebida y tráfico de influencias vinculada a tierras estatales.
Según el documento, funcionarios públicos, notarios, jueces y figuras políticas participan en operaciones fraudulentas en connivencia con el Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección de Tierras y autoridades locales. Las tierras estatales del departamento del Noreste se han convertido en “la principal fuente de corrupción del país”.
El conflicto no es nuevo. Desde hace más de una década, las comunidades rurales del norte enfrentan la presión de proyectos mineros y agroindustriales. Bajo sus suelos reposan reservas de oro, plata, cobre y bauxita, recursos que despiertan el interés de empresas nacionales y extranjeras. Pero esa riqueza natural ha traído consigo nuevas formas de despojo: desalojos, persecución judicial y violencia contra líderes y lideresas.
En teoría, la Constitución haitiana garantiza el derecho de preferencia de los agricultores sobre las tierras estatales (artículo 39) y la protección de la propiedad privada (artículo 36). En la práctica, esos derechos son vulnerados a diario.
Joceline y las mujeres que siembran
resistencia
Joceline forma parte de una generación de mujeres rurales y agrónomas que sostienen la vida en los márgenes del Estado. No solo siembran, también organizan, forman y acompañan. Su lucha no es solo por un pedazo de tierra, sino por el derecho a decidir sobre ella.
“La tierra no es un negocio. Es lo que somos”, dice Joceline. “Nosotras cuidamos el agua, las semillas, los animales. Eso también es defender el país.”
Su caso no es aislado. En distintas zonas rurales del norte y nordeste, defensoras del territorio enfrentan criminalización, amenazas y violencia de género por su trabajo. Muchas de ellas viven sin protección, pero con una profunda convicción: que la tierra no puede seguir siendo campo de lucro y corrupción.
Desde UNIR-Haití impulsamos espacios de encuentro y acción junto a organizaciones sociales haitianas para fortalecer la defensa del territorio. Contar la historia de Joceline no es solo denunciar: es una forma de protegerla y de visibilizar a muchas otras mujeres que enfrentan el mismo riesgo.
