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Por Libertad Díaz Vera y Claudia Alavez.-
Casi un siglo después de que Jacques Roumain escribiera Gobernadores del rocío, un clásico de la literatura haitiana, el agua sigue ocupando un lugar central en la vida de las comunidades rurales de Haití. Si en la novela la búsqueda del agua era también una búsqueda de dignidad y organización colectiva, hoy la defensa de las fuentes hídricas vuelve a plantear una pregunta fundamental: ¿cómo proteger aquello de lo que depende la vida misma?
El nuevo decreto minero publicado en marzo de 2026 ha reabierto el debate sobre el futuro de la minería en Haití. Buena parte de las discusiones se han concentrado en los aspectos legales, los permisos de exploración o las oportunidades económicas que podrían derivarse de la explotación de minerales. Sin embargo, existe una pregunta que aparece con menos frecuencia y que debería ocupar un lugar central: ¿qué pasará con el agua si legalizamos el despojo?
La pregunta es especialmente importante en un país donde gran parte de la población todavía enfrenta dificultades para acceder al agua potable, y donde las comunidades rurales dependen directamente de ríos, manantiales y pozos para garantizar su subsistencia. Antes de discutir cuánto oro o cobre puede extraerse del subsuelo haitiano, resulta necesario comprender la situación de uno de los recursos más esenciales para la vida.
Según UNICEF, el 26 % de la población haitiana carece de acceso a fuentes de agua potable, una cifra que aumenta considerablemente en las zonas rurales. Por su parte, el Banco Mundial señala que en 2020 solamente el 43 % de la población rural tenía acceso a agua potable básica. En muchas comunidades, conseguir agua implica caminar largas distancias, esperar la llegada de vendedores o depender de fuentes cuya disponibilidad cambia según la temporada.
Entre la abundancia natural y la escasez cotidiana
Hablar del agua en Haití implica enfrentarse a una aparente contradicción. El país cuenta con importantes cuencas hidrográficas y numerosos ríos que sostienen la vida agrícola y comunitaria. Entre ellos destacan el río Artibonito –el más largo de la isla y fundamental para la producción agrícola nacional–, la Grande Rivière du Nord, el río Limbé, el río Trois-Rivières y el río Masacre, además de cientos de manantiales, arroyos y fuentes menores que abastecen a comunidades rurales en todo el territorio.
Sin embargo, la existencia de ríos y manantiales no significa que el acceso al agua esté garantizado. Más que de grandes sistemas públicos de distribución, una parte importante de la población depende directamente de fuentes naturales, sistemas comunitarios o vendedores privados para obtener el agua que utiliza a diario.
Las dificultades no terminan en el acceso. También existen importantes desafíos relacionados con la calidad del agua y el saneamiento. Según UNICEF, siete de cada diez haitianos no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento, y una parte importante de los hogares rurales continúa practicando la defecación al aire libre. Estas condiciones aumentan los riesgos de contaminación de las fuentes de agua y la propagación de enfermedades.
La epidemia de cólera que afectó al país entre 2010 y 2019 mostró las consecuencias que puede tener esta situación. Más de 820.000 personas resultaron infectadas y cerca de 10.000 fallecieron, lo que puso en evidencia la estrecha relación entre el acceso al agua potable, la salud pública y la capacidad institucional del Estado.
A estas dificultades se suma el deterioro ambiental. Décadas de deforestación y erosión han debilitado la capacidad de los ecosistemas para retener agua, proteger las cuencas y alimentar manantiales y acuíferos. Según datos de Naciones Unidas, los bosques primarios que cubrían el 4,4 % del territorio haitiano en 1988 se redujeron hasta apenas el 0,32 % en 2016.
Por ello, antes de discutir cualquier proyecto industrial que requiera grandes cantidades de agua, resulta necesario reconocer una realidad fundamental: para millones de personas en el país, el problema no es solamente cuánta agua existe, sino quién puede acceder a ella, en qué condiciones y con qué garantías para el futuro.
¿Qué ocurre con el agua cuando llega la minería metálica?
La minería metálica es una actividad que requiere importantes cantidades de agua durante distintas etapas de exploración, extracción y procesamiento de minerales. En el caso del oro, una sola mina industrial puede utilizar millones de litros de agua al día para triturar la roca, separar el mineral y procesar los residuos generados durante la extracción.
Por ejemplo, según el informe de OMAL, el proyecto minero El Dorado, una mina de oro en El Salvador, requeriría aproximadamente 327,9 millones de litros de agua al año, es decir, cerca de 898.000 litros diarios. Este dato muestra que la minería metálica no solo implica riesgo de contaminación por cianuro y residuos tóxicos, sino también una presión permanente sobre las fuentes locales de agua.
La pregunta entonces no es únicamente cuánta agua consume una mina, sino de dónde proviene y qué ocurre con ella después.
La experiencia internacional ha mostrado que la minería puede generar riesgos asociados a la disminución del caudal de ríos y manantiales, la contaminación por metales pesados, el drenaje ácido de minas y la filtración de sustancias utilizadas durante el procesamiento de minerales. Aunque no todos los proyectos producen los mismos impactos, el agua suele convertirse en uno de los principales bienes que las empresas buscan controlar y arrebatar a las comunidades.
En Haití, esta preocupación adquiere una dimensión particular. Las principales zonas identificadas para actividades mineras se encuentran en regiones del norte y nordeste del país, territorios donde la agricultura campesina depende directamente de pequeñas cuencas, manantiales y cursos de agua superficiales.
En lugares como Kadouch, en la comuna de Quartier-Morin, donde ya existen antecedentes de permisos relacionados con la exploración minera, el agua que circula por los ríos y manantiales no es un recurso excedente. Es el agua que permite regar cultivos, alimentar animales, cocinar y abastecer a las familias.
Por eso, cuando una concesión minera se superpone a un territorio rural, no solo se abre una disputa por el subsuelo; también se abre una disputa por el agua que corre por las cuencas, por los caminos que conectan a las comunidades, por las parcelas que alimentan a las familias, por los bosques que protegen los manantiales y por las decisiones colectivas que han permitido sostener la vida en condiciones históricamente adversas.
Para una empresa, el agua puede aparecer como un insumo dentro de sus costos de operación. Esa forma de medirla resulta especialmente grave en territorios donde las familias dependen de ríos, manantiales, pozos y sistemas comunitarios para sostener la vida cotidiana. Por ello, la discusión sobre el decreto minero no puede quedar reducida a los procedimientos para otorgar permisos, atraer inversión o regular la explotación de minerales. La pregunta central es si un país con graves problemas de acceso al agua potable, saneamiento insuficiente, deforestación acelerada y limitada capacidad institucional para monitorear daños ambientales debe abrir nuevos territorios a una actividad que consume agua, genera residuos y deja impactos a largo plazo.
En este sentido, el decreto constituye un riesgo, pues terminaría funcionando como una herramienta para legalizar aquello que las comunidades viven como amenaza. Bajo el lenguaje de la seguridad jurídica, la modernización del sector minero o la necesidad de atraer inversiones, puede ocultarse una reorganización profunda del territorio. La legalización minera abre el subsuelo a intereses empresariales y puede reforzar nuevas formas de control sobre el agua, la tierra, la infraestructura y las decisiones comunitarias.
Ante ese escenario, diversas organizaciones y comunidades han comenzado a impulsar propuestas orientadas a la protección de los bienes comunes y los territorios rurales. Entre ellas destaca la construcción de Territorios Libres de Minería y Extractivismo, entendidos como espacios donde la defensa del agua se vincula con la agricultura campesina, la salud comunitaria y la permanencia de las poblaciones en sus territorios.
Declarar territorios libres de minería permite afirmar, antes de que el daño ocurra, que las fuentes hídricas no pueden quedar subordinadas a actividades que consumen grandes volúmenes de agua y generan riesgos ambientales de largo plazo. En un país donde el acceso al agua ya constituye un desafío cotidiano, esta propuesta coloca la decisión comunitaria en el centro de la discusión y plantea una exigencia concreta: proteger los ríos, manantiales, pozos y zonas de recarga antes de que la minería avance sobre ellos.
Este artículo es la sexta entrega de la «Serie: La minería en Haití — contexto, riesgos y debates», construida en el marco del Programa de Defensa y resistencia del Territorio de la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití (UNIR).
