Por Paula Companioni. –
En marzo de este año, en un Haití sin Parlamento y sumido en una profunda crisis institucional, fue aprobado un nuevo decreto minero que abre las puertas a una nueva etapa de explotación de los recursos del país. Más que establecer un marco sólido para proteger las fuentes hídricas, los ecosistemas y las economías campesinas, la nueva legislación facilita, según distintas investigaciones y organizaciones que han estudiado el sector, la llegada de proyectos extractivos a un territorio que desde hace décadas despierta el interés de empresas extranjeras.
El decreto vuelve urgente una pregunta que no es nueva: ¿quién quiere explotar los minerales de Haití y qué intereses están detrás de esa carrera por el subsuelo? La respuesta conduce al norte del país, particularmente al Massif du Nord, una formación geológica que concentra significativas reservas de oro, cobre y plata y que se extiende hasta la misma franja mineral donde se encuentra Pueblo Viejo, en República Dominicana, una de las minas de oro más grandes del mundo. Desde hace más de una década, empresas mineras estadounidenses y canadienses han obtenido permisos de exploración sobre extensas zonas de este territorio.
Entre 2006 y 2013, el gobierno haitiano concedió más de 50 permisos de exploración a compañías principalmente estadounidenses y canadienses, muchas de ellas en el Massif du Nord. El proceso estuvo marcado por denuncias de falta de consultas comunitarias y de evaluaciones de impacto. Residentes de la zona denunciaron que empresas como Newmont ingresaron a sus tierras, tomaron muestras y promovieron acuerdos que, según los testimonios recogidos, no siempre fueron comprendidos por los campesinos. Entre las compañías que obtuvieron permisos aparecen Eurasian Minerals —hoy EMX Royalty—, Newmont, Majescor Resources y VCS Mining.
No se trata, sin embargo, de un interés repentino. El norte haitiano tiene una larga historia de explotación minera. Bajo la dictadura de los Duvalier, Reynolds Mining Corporation explotó bauxita en Miragoâne durante 25 años, con el desalojo de campesinos de extensas áreas. Guy Pierre, en su Histoire de l’industrie minière en Haïti, describe aquel periodo como una “acumulación relámpago de capital y frustración económica”: las ganancias terminaron fluyendo hacia Texas (Estados Unidos), sin traducirse en desarrollo local.
Los estudios geológicos sobre el potencial minero haitiano tampoco son recientes. Desde la década de 1970 existían investigaciones que identificaban considerables reservas de oro, cobre y plata en el Massif du Nord. Hoy, esa riqueza vuelve a adquirir valor en un contexto marcado por la expansión de la industria tecnológica y la creciente demanda internacional de minerales estratégicos. En la vecina República Dominicana, además, se han identificado depósitos de tierras raras en Pedernales, en una formación geológica que podría extenderse hacia el sureste de Haití, particularmente hacia Belle-Anse y Anse-à-Pitre.
Pero para entender por qué este nuevo ciclo extractivo resulta posible, hay que mirar más atrás, hasta el terremoto de enero de 2010. La tragedia dejó cerca de 220.000 muertos, destruyó buena parte de la infraestructura pública y devastó Puerto Príncipe. La comunidad internacional respondió con una de las mayores operaciones humanitarias de la historia reciente. Mientras llegaban miles de millones de dólares en cooperación, sin embargo, comenzó otro proceso menos visible: la disminución de la capacidad del Estado haitiano para conducir su propio proceso de reconstrucción.
Investigaciones del Center for Economic and Policy Research (CEPR), del Institute for Justice & Democracy in Haiti (IJDH), del antropólogo Mark Schuller y, más recientemente, el libro Aid State (2024), de Jake Johnston, han documentado cómo una parte importante de la reconstrucción fue administrada por agencias internacionales, organismos multilaterales y organizaciones no gubernamentales, con una participación limitada de las instituciones haitianas. Johnston sostiene que, después del terremoto, Haití evolucionó hacia un modelo en el que actores externos pasaron a administrar recursos, definir prioridades y ejecutar políticas. La cooperación, así, terminó profundizando una dependencia que redujo aún más el margen de decisión del Estado haitiano.
En paralelo, las resoluciones 1908 y 1927 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas establecieron un aumento de tropas de la MINUSTAH y el despliegue de personal adicional. Bajo el argumento de garantizar la estabilidad, se consolidó una presencia internacional que coincidió con el renovado interés económico sobre el norte haitiano. La crisis institucional, la cooperación internacional y la seguridad terminaron formando parte de un mismo escenario en el que el Estado haitiano tenía cada vez menos capacidad para conducir sus propios procesos.
Es en ese punto donde la frontera adquiere una importancia particular. Entre Ouanaminthe, en Haití, y Dajabón, en República Dominicana, cientos de personas cruzan diariamente cargando alimentos, ropa y mercancías en un intercambio que sostiene buena parte de la economía local. Pero detrás de ese movimiento cotidiano se levanta un paisaje cada vez más marcado por muros, puestos militares, cámaras de vigilancia y controles migratorios reforzados.
A pocos kilómetros de allí se encuentran algunos de los territorios de mayor interés para la industria minera. En esta zona convergen corredores comerciales, infraestructura logística, inversiones energéticas, sistemas digitales de vigilancia y un progresivo fortalecimiento de los dispositivos militares y policiales asociados al control migratorio. Observados por separado, estos procesos responden a dinámicas distintas. En conjunto, sin embargo, muestran la consolidación de una frontera cada vez más codiciada por intereses económicos, tecnológicos y de seguridad.
La minería, por supuesto, tiene defensores. Las compañías presentan estos proyectos como una oportunidad para atraer inversión extranjera, generar empleo y aumentar los ingresos fiscales de uno de los países más pobres del hemisferio. Pero organizaciones ambientales, académicos y movimientos sociales advierten que la riqueza mineral no se traduce automáticamente en desarrollo local. La experiencia latinoamericana muestra que, con frecuencia, los beneficios económicos se concentran en empresas y élites políticas, mientras las comunidades terminan asumiendo los costos ambientales y sociales.
El problema es que Haití llega a este nuevo momento con un marco institucional particularmente débil. El informe Byen Konte, Mal Kalkile? Human Rights and Environmental Risks of Gold Mining in Haiti, del Center for Human Rights and Global Justice, y otras investigaciones han advertido que el país carece de mecanismos suficientemente sólidos para controlar una minería de gran escala y proteger las fuentes hídricas, los ecosistemas y las economías campesinas. En ese contexto, el nuevo decreto minero aparece menos como una respuesta a esas debilidades que como una vía para facilitar la expansión de la industria extractiva.
Por eso, reducir la discusión a una disputa entre desarrollo y protección ambiental resulta insuficiente. Lo que está en juego es también quién tiene capacidad para decidir sobre el territorio y sobre los recursos que contiene.
La antropóloga haitiana Jemima Pierre ha argumentado que el país vive bajo un régimen permanente de tutela internacional que limita su capacidad de autodeterminación. La arquitectura de la cooperación internacional terminó creando un entramado en el que actores externos asumieron funciones que históricamente correspondían al Estado. En ese entramado convergen capital financiero, empresas extractivas, cooperación internacional, infraestructura digital y dispositivos de seguridad que, sin sustituir formalmente al Estado, condicionan cada vez más su margen de decisión.
Ese es, finalmente, el núcleo de la discusión que vuelve a abrir el decreto minero. No se trata solamente de saber qué empresas quieren sacar oro, cobre o tierras raras de Haití. Se trata de entender quiénes tienen hoy la capacidad económica, política y territorial para decidir cómo y para quién serán explotados esos recursos.
Al caer la tarde, cuando el mercado binacional comienza a vaciarse y los últimos comerciantes cruzan el puente entre Ouanaminthe y Dajabón, la frontera vuelve a parecer un simple lugar de tránsito. Sin embargo, detrás de los retenes militares, las cámaras de vigilancia y el ir y venir de mercancías, permanece una disputa mucho más profunda. Bajo las montañas que unen a Haití y República Dominicana no solo descansan oro, cobre y tierras raras: también se libra una batalla por el derecho de un pueblo a decidir sobre su territorio. La verdadera disputa es quién terminará ejerciendo la soberanía sobre ellos.
Paula Companioni es periodista cubana, radicada en Colombia, que colabora con la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití.
Este artículo es la séptima entrega de la «Serie: La minería en Haití — contexto, riesgos y debates», construida en el marco del Programa de Defensa de Territorio de la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití.
